El Procurador General de los EEUU, Eric Holder, anunció nuevos lineamientos para frenar las acusaciones de discriminación racial, pero grupos de derechos de inmigrantes han expresado preocupación sobre las nuevas medidas.
Holder, en nombre del Departamento de Justicia (DOJ), dijo que las nuevas políticas expanden los lineamientos de 2003, del aquel-entonces Procurador General John Ashcroft, las cual lidiaban con raza y etnicidad y ahora incluyen estándares de origen nacional, género, identidad de género, religión y orientación sexual para "todas las actividades del orden público, seguridad nacional e inteligencia llevadas a cabo por componentes del orden público del [DOJ]."
Según Holder, el orden público llevando a cabo decisiones "de rutina o espontáneas" no pueden ser basadas en etnicidad, género, identidad de género, origen nacional, raza, religión u orientación sexual "en ningún nivel" a menos de que "las características listadas sean aplicables a la descripción de un sospechoso."
"El lineamiento es el producto de cinco años de revisión," dijo Holder en un comunicado.
"Codifica importantes nuevas protecciones para aquellos que entren en contacto con agentes federales. Trae mejor entrenamiento, supervisión y rendición de cuentas a agencias federales en todo el país, así los actos aislados no dañarán el ejemplar trabajo desempeñado por la gran mayoría de los oficiales del orden público del país todos los días."
Los nuevos lineamientos, sin embargo, no estarán en efecto para individuos que crucen la frontera o aeropuertos. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) y la Administración de Transporte y Seguridad (TSA) están exentos de poner en práctica los lineamientos.
El memorando del DOJ sobre los lineamientos dice, "Estos lineamientos no aplican a personal federal que no sea del orden público, incluyendo personal de las fuerzas armadas, inteligencia o diplomático, y sus actividades. Además, estos lineamientos no aplican a actividades de interdicción en la frontera, o a actividades de protección, inspección o revisión."
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El DOJ dijo que todas las actividades deben ser consistentes con la Constitución, ley federal y políticas aplicables y "respetar la privacidad, derechos civiles y libertades civiles" mientras sean sujetos a supervisión.
La directora de la Oficina Legislativa de ACLU Washington, Laura W. Murphy, dijo que en general los lineamientos del DOJ de Holder son una señal de progreso y tiene elementos que deben ser celebrados, como incluir origen nacional, religión, orientación sexual e identidad de género.
"Sin embargo, varios componentes de los lineamientos hacen poco o nada para proteger a algunas poblaciones de minorias que deben soportar ser objetivo injusto del orden público todos los días," dijo Murphy. "Usar raza, el color de piel, religión o etnicidad como base para cualquier sospecha o investigación es demoralizante, inconstitucional y una práctica que debe ser abandonada."
"Es increible que incluso conforme el gobierno reconoce que sospechas cesgadas son inaceptables, le da luz verde al FBI, TSA y CBP para discriminar minorias raciales, religiosas o otras cerca de la frontera o en ciertos contextos de seguridad nacional, no aplica el lineamiento a la mayoría del orden público local o estatal."
Murphy dijo que las nuevas políticas "no son una respuesta adecuada" a la crisis de discriminación racial en los EEUU y pidió al Presidente Barack Obama que las agencias federales, estatales y locales se adhieran a la ley y dejen de discriminar.
Según Holder, repetidamente ha dejado claro que el hecho de que el orden público practice discriminación racial "no solo está mal, es ingenuo e inefectivo -- porque puede enfocar por error esfuerzos de investigación, gastar recursos y, ultimadamente, socavar la confianza pública."
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