Políticos y expertos han cuestionado la legalidad de la acción ejecutiva sobre inmigración del 20 de noviembre del Presidente Barack Obama, pero expertos durante un llamado de prensa esta semana respaldaron las órdenes como legales.
Con legisladores de la Cámara de Representantes listos para ser anfitriones de audiencias sobre la legalidad de las acciones ejecutivas de Obama el martes, Walter Dellinger, ex procurador general asistente para la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia y socio de O'Melveny and Myers, LPP, dijo que es "un poco extraño."
Dellinger dijo que las acciones ejecutivas están dentro de la discreción de Obama, y el Congreso mejor debería debatir cómo manejar y dar prioridad a la inmigración en lugar de sostener audiencias.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Bob Goodlatte, R-Va., anunció la audiencia un día después de las acciones ejecutivas de Obama. Según Goodlatte, Obama "está completamente en contra de la Constitución," añadiendo, "Desafortunadamente para los americanos, el Presidente ha ignorado sus opiniones y prosiguió con su plan, creando una crisis constitucional y un sinnúmero de consecuencias para los americanos y los inmigrantes legales."
Goodlatte dijo que el Congreso "usará las mejores herramientas disponibles" para prevenir que Obama implemente el plan "inconstitucional."
Stephen Legomsky, un profesor de la Escuela de Ley de la Universidad de Washington y ex Consejero Presidente de la agencia de servicios de inmigración federal, dijo que Obama ha "gastado cada centavo" que el Congreso le dio para inmigración mientras deportó a un número récord de inmigrantes.
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"En cuanto a la acción diferida: Es forma específica de discreción de procedimiento. El Presidente no se lo está inventando," dijo Legomsky durante el llamado de prensa conducido por el Centro de Progreso Americano." El estatuto, las regulaciones formales, y una larga línea de decisiones de cortes que explicitamente reconocen la acción diferida por nombre, y ha sido usado por cada Administración por varias décadas. Lo mismo es cierto de los permisos de trabajo. El estatuto autoriza a la Administración a otorgar permisos de trabajo, y las regulaciones formales desde al menos 1987 específicamente dice que pueden dar permisos a las personas que han recibido acción diferida."
Legomsky clarificó la idea erronea de que las acciones ejecutivas de Obama reescribió las leyes de inmigración existentes, diciendo que el Presidente ejerció poder discrecionario que las leyes de inmigración actuales han "reconocido explicitamente por muchos años."
Dellinger y Legomsky dijeron que el Congreso tiene la responsabilidad de actuar sobre inmigración y no debería ser desalentado por las acciones ejecutivas de Obama.
"Si realmente no están felices con las medidas temporales del Presidente, entonces con más razón deberían aprobar una ley que provee un arreglo permanente, tal como lo ha hecho el Senado y tal como el Presidente lo ha pedido por dos años," dijo Legomsky.
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