By Staff Reporter (staff@latinospost.com) | First Posted: Dec 04, 2014 12:58 AM EST

Las órdenes ejecutivas sobre inmigración del Presidente Barack Obama trata con temas como la seguridad fronteriza, expansión del programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA), autorización de permiso de trabajo para indocumentados que sean padres de ciudadanos o residentes legales permanentes, pero un tema que no se discutió es el manejo de los centros de detención.

Como reportó Latin Post, grupos nacionales de derechos de inmigrantes han expresado preocupación sobre los centros de detención familiar en Artesia, Nuevo México y Karnes, Texas. A pesar de las preocupaciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE anunció planes para establecer un centro de detención con 2,400 camas en Dilley, Texas, conocido como el "Centro de Detención Familiar del Sur de Texas," localizado a 70 millas al suroeste de San Antonio.

Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Consejo Nacional de Inmigración Legal (NILC) y la Comisión de Mujeres de Refugiados (WRC) han emitido comunicados sobre los tres centros de detención mencionados en cuanto al tratamiento físico y emocional de los detenidos y el que no reciban debido proceso a pesar de cumplir con los requerimientos.

El discurso nacional de Obama sobre las acciones ejecutivas de inmigración no mencionó los centros de detención a pesar de peticiones para reformar o cerrar los centros.

"Mientras que el Presidente Obama tomó un paso crítico para proteger a millones de miembros de familia trabajadores, estamos decepcionados de que, al mismo tiempo, la Adminsitración planea continuar expandiendo la detención de madres y niños migrantes que llegan a nuestras fronteras, muchos de los cuales huyen de la violencia y persecución en sus países de origen," dijo la Oficial de Programa de Derechos y Justicia de Migrantes de WRC, Katharina Obser, en un comunicado a Latin Post.

Según Obser, experiencia previa ha mostrado que centros de detención familiar de gran escala no pueden funcionar humanamente. Añadió que que la detención de madres y niños ha socavado la estructura familiar mientras que los niños han perdido peso.

"Hay acceso inadecuado a información legal y abogados, que son importantes para los individuos que buscan asilo," dijo Obser.

Obser dijo que los esfuerzos de acción ejecutiva de la administración Obama son un "paso adelante importante" para millones de familias que temen ser deportados pero miles de familias que han buscado protección en los EEUU se quedan atrás y aún viven en centros de detención.

El Secretario del DHS, Jeh Johnson, sin embargo, emitió en memorando para los Servicios de los EEUU de Ciudadanía e Inmigración, CBP y ICE el 20 de noviembre. Jonhson delineó tres prioridades para las tres agencias federales que detallan las circumstancias de cuándo un inmigrante debería ser removido de los EEUU, incluyendo la creencia de que un individuo es una amenaza a la seguridad nacional, seguridad fronteriza y seguridad fronteriza. Un director de campo de ICE, jefe de sección de CBP director de operaciones de campo de CBP pueden diferir la remoción de tales individuos diciendo que "factores convincentes y excepcionales," indican que el inmigrante no es una amenaza a la seguridad. Johnson añadió que la remoción también podría ser detenida si "califican para asilo u otra forma de alivio bajo nuestras leyes."

Johnson también dijo que el uso de recursos de detención no deben ser gastados en individuos "que se conocen" tienen problemas físicos o mentales como ancianos, discapacitados, mujeres embarazadas o que demuestren que son el guardian principal de un niño o persona enferma.

El centro de detención de Artesia será cerrado este mes, pero los detenidos en el centro podrían ser transferidos a Dilley o Karnes en Texas. Con las transferencias, las preocupaciones sobre sus procedimientos legales justos y tratamiento de los detenidos permanece una prioridad para grupos de derechos de inmigrantes. Como reportó Latin Post, la directora del Programa de Derechos y Justicia para Inmigrantes del WRC, Michelle Brané, dijo que el centro de Dilley costará casi $300 al día por persona, o casi $260 millones cada año.

"En lugar de recurrir a arbitrariamente detener madres y niños en condiciones que sabemos son inhumanas y exorbitantemente caras, la administración debería invertir en alternativas a la detención que puedan asegurar el estado de derecho mientras mantienen nuestros valores familias nacionales," dijo Obser.